Informe Mesa Sectorial 02-05-2026. Anteproyecto Ley Fp. Borador Orden plurilingüismo. Comisiones S. Comunidad aprendizaje.

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Fecha:

4 de mayo de 2026

Asistentes:

Director/a General de RR.HH, de FP y de Empleo, Jefes de Servicio.

ANPE, CCOO, CSIF, STE y UGT

Temas tratados:

Anteproyecto de Ley de Formación Profesional.

Borrador de la Orden regulan los programas bilingües y plurilingües.

Procedimiento para la renovación, renuncia y provisión de puestos de trabajo en comisión de servicios reconocidos como comunidad de aprendizaje.

Primer punto: Anteproyecto de Ley X/2026 de xx junio, de Formación Profesional de

Castilla-La Mancha.

CONSEJERÍA:

Presentan el borrador del anteproyecto de ley de FP en Castilla La Mancha, el cual:

Fija como objeto un sistema integral de FP orientado a la ciudadanía y al desarrollo económico. el sistema de FP adaptado a la realidad territorial, con enfoque inclusivo y de género.
Regula una gobernanza participativa y coordinada.
Establece la ordenación la oferta formativa en grados A–E, establece currículo y acceso, y consagra el carácter dual.
Regulación de los centros y establece una red única de FP e integra sistemas educativo y laboral.
Aborda profesorado, formación permanente y participación de expertos del sector productivo.
Desarrolla la orientación profesional y la acreditación de competencias por experiencia.
Introduce factores de innovación, emprendimiento, internacionalización y evaluación del sistema.
Establece la obligación de financiación.

Plantean como objetivo un sistema único de FP en Castilla -La Mancha, con una ley propia y un registro único de centros. Se contará con un portal web de información y acceso de FP y un sistema de orientación profesional integrado.

Actualmente se está trabajando en colaboración con dieciocho mil empresas y una red de centros compuesta por más de 600 centros.

Se apuesta por la inclusión en FP en zonas rurales, colectivos vulnerables, alumnos con necesidades educativas especiales e igualdad de género.

ANPE:

Desde ANPE, tras el análisis del borrador del Anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, queremos hacer una valoración general positiva del intento de ordenar y estructurar el sistema autonómico, en coherencia con la Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la Formación Profesional, y de adaptarlo a la realidad territorial y productiva de nuestra región.

No obstante, creemos que el texto necesita una mayor concreción en determinados aspectos que afectan directamente al funcionamiento real de los centros y a las condiciones del profesorado.

En relación con la organización del sistema, el anteproyecto insiste en la coordinación, la gobernanza y el trabajo en red, pero no concreta figuras esenciales para que ese modelo funcione. Desde ANPE consideramos, que, en su desarrollo reglamentario, es necesario reconocer formalmente figuras como la coordinación de familia profesional, con efectos administrativos y puntuación en procesos como el CGT, así como otras figuras que ya están funcionando de facto en los centros, pero sin reconocimiento normativo: coordinación de módulos transversales (digitalización, sostenibilidad, proyecto intermodular), coordinación de FP virtual o la figura del prospector de empresas. Entendemos que la ley puede establecer el marco general, pero es imprescindible que estas figuras cuenten con reconocimiento horario y administrativo.

Valoramos positivamente que la ley refuerce el carácter estructural de la Formación Profesional Dual, tal y como recogen los artículos 21 a 24. Sin embargo, la experiencia en los centros nos demuestra que su implantación está generando una importante sobrecarga de trabajo para el profesorado y, principalmente, desinformación y ausencia de instrucciones claras sobre su aplicación práctica. Por ello, pedimos que la ley reconozca de forma explícita la necesidad de dotación horaria suficiente para el profesorado tutor dual, principalmente en primer curso, y que, en su desarrollo posterior, se regule claramente la formación inicial de estos tutores, su coordinación en los centros y la asignación de complementos específicos.

Otro aspecto fundamental es el de los recursos materiales. El anteproyecto habla de innovación, digitalización y calidad, pero no concreta mecanismos reales para garantizar que los centros dispongan de equipamientos actualizados, salvo una disposición genérica sobre financiación. Desde ANPE insistimos en la necesidad de dotar a los centros de equipamiento profesional en condiciones similares a las empresas, así como de renovar maquinaria e instalaciones que en muchos casos están obsoletas.

En relación con la burocracia, queremos reiterar una reivindicación constante del profesorado: la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos. El sistema que se plantea en la ley, especialmente en materia de evaluación, orientación, calidad y relación con empresas, puede derivar en una carga burocrática aún mayor si no se toman medidas. Pedimos que la ley incorpore de forma más clara el principio de simplificación administrativa y que, en su desarrollo reglamentario, se eliminen duplicidades documentales y trámites innecesarios.

Sobre la composición del Consejo Regional de Formación Profesional, preguntamos a qué se refiere con organizaciones sindicales más representativas. Entendemos, por coherencia, que al negociarse esta ley en la mesa sectorial de educación y referirse a enseñanzas de carácter educativo incluidas en la LOE/LOMLOE, las organizaciones sindicales más representativas de la mesa sectorial de educación estarán presentes, ¿es así?

Algo de lo que adolece esta Ley es la reducción ratios en Formación Profesional, especialmente en Grado Básico, Medio y Superior. La normativa estatal marca un horizonte de reducción que no puede dejarse para el último momento, y entendemos que esta ley debería recoger ese compromiso de forma decidida. Asimismo, es necesario ampliar la oferta en aquellas familias profesionales con alta demanda para evitar que alumnado quede fuera del sistema.

En cuanto a la Formación Profesional virtual, el anteproyecto apenas entra en su regulación, a pesar de que su peso va a ser cada vez mayor. Los centros ya están detectando problemas organizativos importantes: asignación de tutorías de formación en empresa, gestión del proyecto intermodular, acumulación de alumnado de diferentes vías en un mismo docente sin incremento de horas… Todo ello requiere una regulación específica que, aunque probablemente deba desarrollarse reglamentariamente, debería estar al menos prevista en la ley como una realidad estructural del sistema.

También queremos señalar la necesidad urgente de desarrollar una normativa específica de organización y funcionamiento de los Centros Integrados de Formación Profesional. La ley los menciona dentro de la red, pero no aborda sus particularidades, que son muy relevantes en la práctica. Desde ANPE consideramos imprescindible que esta cuestión se traiga a negociación en esta mesa.

En relación con la red de orientación profesional, la ampliación de funciones y ámbitos de actuación prevista implica un aumento significativo de la carga de trabajo que no va acompañado de un refuerzo de los recursos humanos. Por ello, pedimos que se contemple expresamente el incremento de la dotación de orientadores en los centros, a fin de garantizar una atención adecuada.

En lo relativo al profesorado, valoramos que se reconozca la importancia de la formación permanente, pero echamos en falta medidas más concretas en relación con las condiciones laborales. En este sentido, volvemos a reivindicar la necesidad de establecer un complemento equiparador para el profesorado del cuerpo 598 y para aquel del cuerpo 591 que no pudo integrarse, ya que esta situación sigue generando desigualdades dentro del sistema.

Asimismo, consideramos imprescindible regular la compatibilidad docente de todo el profesorado y, de manera especial, la del profesorado de Formación Profesional. Este colectivo debe mantener un contacto directo con la realidad empresarial para garantizar una enseñanza actualizada y de calidad. Sin embargo, la falta de regulación no solo dificulta esta conexión con el entorno productivo, sino que también impide que profesionales cualificados del ámbito empresarial puedan compatibilizar su actividad profesional con la docencia, limitando así el enriquecimiento del sistema educativo.

Por último, queremos trasladar nuevamente una cuestión que está ocurriendo actualmente en los centros: el incumplimiento de determinadas normas ya vigentes, como el artículo 37 de la Orden 204/2024. Sin instrucciones claras y supervisión por parte de la Administración, estas situaciones se pueden perpetuar. Por ello, pedimos que, además del desarrollo normativo, se refuerce el papel de asesoramiento y formación para garantizar una aplicación homogénea de la normativa.

En definitiva, desde ANPE consideramos que este anteproyecto necesita reforzarse en aquellos aspectos que afectan directamente a su aplicación real en los centros: seguridad jurídica, organización, recursos, reducción de ratios, condiciones del profesorado, y reducción de burocracia.

CONSEJERÍA:

Afirman que se ha fomentado en los últimos años la Formación Profesional, consiguiendo un reconocimiento social de estas enseñanzas en nuestra región.

Consideran que el anteproyecto de ley es generalista y con carácter intencional, y está pendiente de desarrollo normativo posterior.

Ponen en relevancia la necesidad de dar a conocer a la figura de los prospectores, como ya se está haciendo con los tutores de empresas. Insisten en la necesidad de avanzar en la formación del tutor de empresas.

Comparten la necesidad de reducir la carga burocrática. Además de potenciar el diálogo y la participación a través de unidades provinciales.

Son conscientes de la necesidad de avanzar en la reducción de ratios, ya que están reguladas por ley.

Informan que nuestra región tiene cinco centros Integrados de FP, de los cuales tres de ellos son de excelencia. Se ha potenciado la escalada en la oferta integrada, frente al aumento del número de centros. Se autoriza el Centro Integrado de FP de Azuqueca de Henares.

Segundo punto: Borrador de la Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los programas bilingües y plurilingües en las etapas educativas no universitarias en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

CONSEJERÍA:

Nos presentan el borrador de la nueva Orden que desarrolla el Decreto 3/2026, por la que se regulan los programas bilingües y plurilingües. Esta orden recoge estas novedades:

Se cambia la denominación de proyecto por programa.
Simplificación documental.
Actualización metodológica.
Se han modificado los porcentajes de impartición y algunas asignaturas.
Se reduce el tiempo de abandono de los proyectos.

ANPE:

Desde ANPE, y ante el borrador de la nueva Orden que desarrolla el Decreto 3/2026, queremos dejar claro que el éxito de los programas bilingües y plurilingües no puede descansar únicamente en el voluntarismo del profesorado, sino que requiere un compromiso firme de inversión por parte de la Consejería.

En este sentido, planteamos las siguientes aportaciones al texto:

Con respecto al ámbito y etapas educativas. Se pierde, una vez más, la oportunidad de permitir el desarrollo de programas plurilingües en los centros de Educación Infantil y Primaria, cuando en Castilla-La Mancha han existido experiencias consolidadas que han demostrado su buen funcionamiento y han cosechado resultados positivos.

Desde ANPE insistimos en que se modifique la redacción del artículo 3 y se permita también en Educación Infantil y Primaria, al igual que en ESO, Bachillerato y FP, el desarrollo de programas plurilingües, en coherencia con la normativa básica estatal y con la previa trayectoria de éxito que ya demostraron estos programas en nuestra comunidad autónoma.

En cuanto al Plan de bilingüismo, valoramos positivamente la simplificación formal de la estructura del plan, que pasa de los 11 apartados previstos en la Orden 27/2018 a solo 5, así como la incorporación de la perspectiva de plan de internacionalización, que consideramos un enfoque adecuado para ordenar las actuaciones del centro en este ámbito.

Ahora bien, esta reducción de apartados no implica una menor exigencia, sino todo lo contrario: el contenido del plan se hace más complejo al incorporar de manera explícita aspectos como la atención a la diversidad, el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), las alfabetizaciones múltiples, la gestión de la inclusión o el dominio del lenguaje académico (CALP), entre otros requerimientos metodológicos.

Por todo ello, volvemos a insistir que estos planes solo serán realmente viables si se acompañan de un compromiso presupuestario y de plantilla.

Sobre la autorización, modificación y cese de programas. Mantenemos nuestra postura crítica respecto a la capacidad de decisión sobre los programas. Si bien el borrador exige una mayoría absoluta del Claustro y mayoría simple por parte del Consejo Escolar para la autorización o abandono, seguimos defendiendo que las decisiones de carácter eminentemente técnico y pedagógico deben recaer exclusivamente en el Claustro. El Consejo Escolar debe ser oído, pero no debería tener capacidad de veto sobre proyectos que el profesorado, que es quien trabaja en el aula, considera inviables o necesarios para su realidad educativa.

Sobre la dotación extraordinaria de profesorado, la orden establece de forma expresa que, en ningún caso, la autorización o modificación de un programa bilingüe o plurilingüe conllevará un incremento en la plantilla orgánica de los centros, lo que obliga a gestionar dichos programas exclusivamente con sus recursos humanos estructurales actuales y a depender de un eventual cupo extraordinario.

Desde ANPE solicitamos la dotación de los recursos humanos necesarios, quedando recogido de forma expresa en la norma, sin depender del criterio discrecional de cada provincia o de la propia Consejería, ya sea mediante plantilla orgánica o a través de cupos específicos vinculados al programa, igual que ocurre en los centros acogidos al convenio MEFP–British Council

Desde ANPE Consideramos necesario que, del mismo modo que se reconoce y retribuye específicamente el nivel C1 en el complemento por impartir DNL, se establezca una retribución diferenciada y de carácter incremental para el profesorado que acredite un nivel C2.

Además, solicitamos una mayor calidad técnica en la implementación del enfoque de las alfabetizaciones múltiples y reforzar el liderazgo del profesorado en proyectos de internacionalización, como Erasmus+.

Desde ANPE reclamamos que, se incremente la dedicación horaria prevista tanto para el profesorado participante como para las personas coordinadoras de los programas, para poder atender adecuadamente la mayor carga de trabajo asociada a las metodologías propuestas (DUA, alfabetizaciones múltiples y preparación de materiales AICLE), que requieren tiempo de diseño, coordinación y evaluación

ANPE pide la dotación de recursos humanos y materiales para para hacer efectiva la inclusión en el marco de los programas bilingües y plurilingües. Consideramos imprescindible garantizar a los centros la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios, así como garantizar el cupo extraordinario previsto en el artículo 32, priorizando el apoyo específico al alumnado con mayores necesidades de acompañamiento.

En cuanto a la Certificación. Valoramos positivamente que el borrador, en su artículo 38.5, establezca que el alumnado que se presente a las pruebas será considerado antiguo alumno de las EOI a efectos de futuras matriculaciones. No obstante, pedimos que la Orden debe concrete de manera nítida que las pruebas de certificación serán realizadas íntegramente por las Escuelas Oficiales de Idiomas y que estas contarán con cupo extraordinario para poder asumir adecuadamente dicha certificación.

Desde ANPE solicitamos la revitalización de las EOI, y para ello proponemos que se habilite la matrícula gratuita en estas enseñanzas para todo el profesorado, priorizando a quienes participan en proyectos bilingües, de modo que se configure un ecosistema en el que las EOI certifiquen al alumnado (art. 38) al tiempo que forman y certifican al profesorado implicado. Cerrando así un círculo de calidad técnica a nivel de alumnado y profesorado.

ANPE valora positivamente la apuesta por la formación del profesorado y, en coherencia con ello, pedimos que no se limite únicamente al ámbito didáctico y metodológico. Pedimos una formación del profesorado integral, incluyendo aspectos lingüísticos, tecnológicos y de internacionalización por lo que demandamos:

Formación en horario lectivo: la formación contemplada en este plan no debe suponer una nueva sobrecarga para el profesorado, por lo que pedimos que se desarrolle, siempre que sea posible, dentro del horario lectivo.
Matrícula en EOI: solicitamos que se establezca la matrícula gratuita en las Escuelas Oficiales de Idiomas para el profesorado, tal y como ya hemos señalado, con el fin de favorecer la mejora efectiva de su competencia lingüística.
Participación de las EOI: además de la Dirección General y el CRFP, consideramos imprescindible que las Escuelas Oficiales de Idiomas participen y colaboren de forma activa en el diseño y desarrollo de estas acciones formativas, tanto técnicas como metodológicas, aprovechando su especialización.
Planes de inmersión y becas: más allá de los cursos tradicionales, pedimos que se impulsen planes de inmersión lingüística en el extranjero dirigidos al profesorado. Para que estas iniciativas sean reales y no meramente teóricas, reclamamos la creación de becas específicas que faciliten la participación del profesorado en este tipo de actividades formativas fuera de España.

Valoramos positivamente que se fomente la participación en programas de internacionalización, como Erasmus+, eTwinning y otros intercambios internacionales, por su contribución a la calidad educativa y al contacto intercultural.

Sin embargo, desde ANPE exigimos que esta participación vaya acompañada de recursos humanos suficientes, de modo que las ausencias del profesorado implicado sean cubiertas desde el primer día y no sigan generando la sobrecarga que soporta el resto del claustro. Reclamamos que la Consejería garantice por norma la sustitución efectiva del profesorado participante desde el inicio de su ausencia, para no perjudicar el funcionamiento ordinario de los centros.

Para concluir, desde ANPE pretendemos ofrecer una visión realista desde los centros y desde el día a día de las aulas, para que los programas bilingües se traduzcan en mejores condiciones de trabajo para el profesorado y en más y mejores oportunidades de aprendizaje para el alumnado de Castilla-La Mancha. Reconocemos que el borrador incorpora avances importantes -en metodologías, internacionalización, formación del profesorado y en el papel de las EOI en la certificación del alumnado-, pero solo serán efectivos si van acompañados de plantillas suficientes, tiempo reconocido y recursos estables, y no se apoyan de nuevo en el voluntarismo del profesorado

CONSEJERÍA:

En cuanto a la formación en horario lectivo, el responsable del servicio aclara que esta cuestión no es competencia directa del Servicio de Plurilingüismo. Añade que ha resultado complejo conseguir la colaboración de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y que no existía voluntad de excluirlas de las pruebas de certificación; por ello, precisan que incorporarán explícitamente su participación en la norma.

Explican también que el nivel concreto de las pruebas no figura en el texto porque se determinará en cada convocatoria y toman nota de la propuesta para valorar la participación del profesorado de las EOI en estos procesos.
Respecto al aumento de plantillas, la Dirección General indica que se ajusta a las dotaciones que solicitan los centros dentro del marco presupuestario disponible, y que resulta inviable equiparar los cupos de profesorado a los de los centros con convenio British Council.

Finalmente, señalan que el presupuesto destinado actualmente al bilingüismo asciende a más de ocho millones de euros y ponen en valor tanto este esfuerzo económico como el incremento de profesorado asociado a los programas bilingües y plurilingües en la región.

Tercer punto: Borrador de la Resolución de X de mayo de 2026, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento para la renovación, renuncia y provisión de puestos de trabajo en comisión de servicios en determinados centros, de los reconocidos como comunidad de aprendizaje de Castilla-La Mancha.

CONSEJERÍA:

Se modifica el anexo de plazas a proveer, añadiendo una plaza de la especialidad de Servicios a la Comunidad del CEIP Entreculturas de la localidad de Hellín.

ANPE:

Respecto al borrador:

Punto Tercero.

Solicitudes, documentación y plazo. 1. La solicitud de provisión, dirigida a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, deberá cumplimentarse y registrarse de forma telemática con firma electrónica.

Se podría incluir, con clave PIN, clave permanente, clave móvil…

Además:

Desde ANPE solicitamos la modificación del punto 1 del artículo 3, de la Orden 92/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se crea la Red de Centros Comunidades de Aprendizaje de Castilla-La Mancha

“Artículo 3. Compromisos de los centros educativos. La implantación y el desarrollo de un proyecto de transformación en Comunidad de Aprendizaje implica asumir los siguientes compromisos por parte de los centros educativos:

1. Desarrollo del proyecto de Comunidades de Aprendizaje con los recursos con los que cuenta el centro”.

Para que en situaciones justificadas a los centros comunidad de aprendizaje se les pueda dotar de recursos extraordinarios, tal y como ocurre en otros tipos de centros.

Preguntamos, de nuevo, porque las plazas de la comunidad de aprendizaje Migue Hernández de La Roda se adjudican en el CGT, en vez de por provisión por comisión de servicios. El centro ha manifestado en varias ocasiones que, al adjudicar las plazas vacantes en el CGT, se dan situaciones complicadas porque, en algunas ocasiones, los docentes adjudicados no están preparados ni tienen la formación necesaria para trabajar en estos centros.

Por último, ANPE insiste en una serie de mejoras para las comunidades de aprendizaje:

Incremento de las plantillas por medio de una regulación específica de la relación de puestos de trabajo.
Complemento económico específico para el profesorado, y el resto de profesionales de estos centros, por el desempeño de funciones en centros singulares.
Bajada del número de alumnos por aula.
Mayor dotación económica para gastos de funcionamiento y para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares.
Mayor dotación de profesorado de inclusión y para la convivencia.
Regulación de la figura del mediador en estos centros.

CONSEJERÍA:

Se proponen formaciones en septiembre en horario de centro para aquellos docentes que no tengan el curso de sensibilización.

4 de mayo de 2026.

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