Concentración de los funcionarios de prisiones frente a la Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha

Las secciones sindicales de CSIF Castilla-La Mancha y Acaip-UGT se han concentrado esta mañana frente a la Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha, en Toledo, como protesta por las agresiones sufridas por los trabajadores penitenciarios.

Las últimas semanas están siendo especialmente duras en las prisiones españolas con una sucesión de incidentes de extrema gravedad y que parecen tener un mismo nexo, que es la dejadez de los gestores de la institución, una inadecuada clasificación interior y una política de ‘buenismo’ que está llevando a que cada vez los ataques que sufren los trabajadores sean más graves.

Algunas de estas agresiones han puesto en serio riesgo la integridad física de los funcionarios de prisiones, como la ocurrida el pasado 1 de julio, cuando un interno del Centro Penitenciario Murcia II atacó a un trabajador con la tapa de una lata de conservas causándole un corte en el cuello.

Tan solo cuatro días después, tres funcionarios del Centro Penitenciario de Picassent (Valencia) tuvieron que recibir asistencia hospitalaria (uno de ellos con rotura de pómulo y tabique nasal y con un ojo afectado) tras sufrir una agresión por un interno experto en artes marciales. Otro trabajador del Centro Penitenciario de Madrid VII (Estremera) también resultó herido con contusiones en la cabeza de diversa consideración tras sufrir el ataque de otro recluso.

Los datos de CSIF y de Acaip-UGT muestran que todas estas agresiones no son episodios aislados, ya que el pasado año se registraron una media de 456 incidentes regimentales graves o muy graves; mientras que este año se sitúa en 280 hasta el 31 de mayo (último dato disponible).

CSIF denuncia la falta de medios materiales y humanos (hay más del 58% de vacantes de médicos lo que dificulta la atención de enfermedades mentales cuando el 30% de internos padece alguna de estas patologías), y la falta de formación y la visión parcial de la realidad penitenciaria del Gobierno.

Por último, la Central Sindical también denuncia el parón en la elaboración de la ley de Función Pública Penitenciaria, que incluirá mejoras de las condiciones laborales de los empleados públicos penitenciarios.

CSIF exige además al Gobierno que habilite los medios y recursos suficientes para garantizar promoción y estabilidad laboral, prevención de riesgos laborales, un protocolo específico de actuación frente a agresiones, formación especializada y la implantación del teletrabajo.