ESCUELA CONCERTADA: Una anomalía de nuestro país dentro de los sitemas educativos europeos

Madrid, 23 de octubre de 2024. La noticia era esperada puesto que el Acuerdo de Gobierno de Coalición entre el PSOE y Sumar -pág. 26- dice: “ (…) Combatiremos la segregación escolar mediante la actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos”. También en la disposición adicional número 29 de la Lomloe -una ley promovida por la izquierda- señala que: “En el seno de la Conferencia Sectorial se constituirá una comisión, en la que participarán las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la enseñanza privada concertada, para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto que valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad. Sus conclusiones deberán incorporarse en el plan de incremento del gasto público”.

El curso 24-25 comenzó con preavisos de huelga en los pocos territorios gobernados por la izquierda, in extremis se desconvocó la de Asturias pero sí se materializaron en Castilla-La Mancha y Navarra, lo cual es muy preocupante. Supone el tercer curso de implantación de la LOMLOE, una ley que en un principio despertó el interés y las expectativas de buena parte del profesorado, pero que con el paso del tiempo, en lugar de fomentar la igualdad de oportunidades y la promoción social de las clases más desfavorecidas para abordar una verdadera cohesión social, se pone de parte del poder económico que la moldea a su antojo según las necesidades del mercado y del beneficio empresarial.

Las políticas educativas de los gobiernos conservadores salidos de las elecciones territoriales del año pasado –que aumentaron su presencia institucional de 5 a 11 comunidades autónomas- han generado una nueva ofensiva contra la escuela pública. Usando el eufemismo de “distrito único”, han implantado sistemas de admisión que benefician a la educación privada-subvencionada –conocida como concertada-, traduciéndose en la supresión de aulas públicas. Estas decisiones han suscitado una enorme ola de agitación que desembocó en huelgas generales educativas en Andalucía, Madrid o Valencia el curso pasado; hoy mismo tienen paros parciales en Aragón y los han tenido igualmente en Madrid de nuevo. En un momento tan delicado, debido al “invierno demográfico” –en 10 años se han perdido 400.000 alumnas y alumnos en Infantil y Primaria-, no es de recibo que se paralice la construcción de nuevos centros educativos, que se amplíen conciertos y que éstos lleguen a etapas postobligatorias, que se autoricen nuevas universidades privadas, que se deriven fondos de la UE para la universalización del primer ciclo de Infantil –donde se han creado  últimamente 40.000  plazas- y de la FP –con un incremento de 400.000 puestos en la última década- con el aumento exponencial de alumnado en centros privados no concertados que ha crecido un 468%, impulsados por fondos de inversión transnacionales y el beneplácito del Gobierno. Educación y negocio se dan la mano.

La desinversión pública produce segregación escolar, el famoso lema “libertad de elección”, no es otra cosa que barra libre para la “libertad de selección” del alumnado por parte de las empresas; de hecho, aquel alumnado con problemas de aprendizaje es invitado a marcharse a la pública, con el argumento de que allí existen más recursos para ese perfil. Las estadísticas de escolarización lo dejan bien claro y la perversión del uso de la palabra libertad es un insulto a la inteligencia. Por otro lado, el cobro de cuotas ilegales supone una barrera de entrada para las clases menos pudientes, donde se recoge la mayoría del alumnado vulnerable, siendo el peaje que se paga para garantizar la segregación.

La sociedad está cambiando, siempre lo hace, ahora muchas familias son usuarias de la concertada –tradicionalmente religiosa- y suma en sus filas a personas que no comulgan con el carácter confesional, pero que asisten a ella tomando como una molestia menor tal ideario, porque han sido interpelados por la promesa aspiracional de movilidad social ascendente; sin embargo, los datos son tozudos, no hay más que ver los resultados de la selectividad –PAU- que publica anualmente el Consejo Escolar del Estado para deducir que no es mejor que la pública. Observamos con preocupación que, el menú de la concertada se amplía cada vez más, incluyendo opciones progresistas y laicas con pedagogías innovadoras –defendidas por líderes de partidos de izquierdas en algún caso-, pasando incluso por una red de colegios religiosos dirigidos a familias de bajos ingresos e inmigrantes. La escuela pública no tiene quien la defienda, más allá de los sindicatos de la enseñanza con una sólida conciencia de clase, diera la impresión que alguien que pueda permitirse sacar a sus hijas e hijos de la pública lo hace. La manera de defenderla es darle lo que se merece, una inversión de al menos el 7% del PIB, no hay soluciones milagrosas.

Si se piensa el nuevo Secretario de Estado que la Patronal va a cumplir su compromiso en materia de transparencia en los procesos de admisión y eliminar las cuotas ilegales, una vez recibido el dinero, es que no sabe en qué país vivimos.