MESA MINISTERIAL DE HOY: Borrador R.D. ordenación del nuevo sistema de FP (Informe completo)

• • Una solución contra la actual falta de profesorado en la Formación Profesional basada en el requisito preferente del “saber hacer” y la formación continua frente al criterio academicista de la Administración.

• • Porcentaje suficiente de inversión en términos del PIB, homologables a los países de nuestro entorno socioeconómico, con autonomía de los centros para decidir dónde hace falta destinarla, en lugar de fondos finalistas coyunturales provenientes de la UE.

• • FP reglada como motor de la recualificación tanto del alumnado como del profesorado.

Madrid, 23 de febrero de 2023. STEs-I ha presentado multitud de propuestas de mejora y dudas sobre la aplicación real del articulado incluido en el proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación del sistema de Formación Profesional en la Mesa de Negociación del Personal Docente No Universitario. No es cierto que el nuevo modelo de formación haya suscitado el consenso de la comunidad educativa puesto que STEs -modelo sindical mayoritario en el país, con amplia mayoría en el sector docente no universitario- ya votó en contra en el Consejo Escolar del Estado y presentó un voto particular contra el Dictamen de la Comisión Permanente cuando se debatió la Ley Orgánica 3/2022 de FP, que ahora desarrolla esta nueva normativa con pocos, aunque importantes matices. Advertíamos entonces que mostraba una clara voluntad de externalización y desregulación de una gran parte del currículo; el tiempo nos dio la razón puesto que nada más aprobarse, fondos de inversión extranjeros aprovecharon la oportunidad de negocio ante la escalada de demanda y escasez de plazas públicas, comprando redes de academias privadas que impartían FP. Dijimos que la ley orgánica era un traje a medida para los autodenominados “interlocutores sociales” con objeto de repartir los fondos europeos NEXT GENERATION y el mantenimiento de la paz social. En el documento que nos ocupa, se sigue hablando de colaboración público-privada, se cita hasta en 11 veces organizaciones “más representativas” e impone unos criterios draconianos para ocupar las 19 vocalías del grupo segundo donde se representan las organizaciones sindicales del Consejo General de la FP; ocurriendo luego que algunos de estos sindicatos no tienen representación en muchos territorios porque el profesorado no les vota, pero siguen tomando las decisiones importantes en los Consejos regionales.

Pensamos que aún estamos a tiempo, que el esfuerzo merece la pena, siendo una cuestión capital publicar una buena ley para que perdure durante décadas y que comenzará su implantación en el curso 2024-2025. Podemos resumir en 3 aspectos fundamentales, aquellos que nos separan de alcanzar el deseado consenso. La falta de profesorado en muchas especialidades de FP es un hecho palpable y una preocupación para las direcciones generales que gestionan personal; en poco o en nada ayuda las recientes medidas que cambian los requisitos de acceso para el Profesorado Técnico de FP y que han dejado en la calle a profesionales con más de 20 años de antigüedad. El Real Decreto que se caracteriza por su flexibilidad para el alumnado a la hora de programar la formación en la empresa, dar la posibilidad de matricularse en módulos sueltos, creación de itinerarios integrados, facilitar el reconocimiento compartido con la universidad y con otros países; se muestra inflexible con el profesorado de las 19 especialidades que tienen titulación superior pero no universitaria. También el sistema se muestra flexible con la atribución docente en centros privados -es la titulación la que marca el requisito para impartir un módulo- e inflexible en centros públicos, donde la asignación a módulos viene asociada a la especialidad de la oposición. El “saber hacer”, como en el caso de especialistas en sectores singulares y expertos del sector productivo, así como la formación continua dentro del horario de trabajo, debe ser la piedra angular para que el sistema funcione.

El progreso de nuestro sistema educativo en general y de la FP en particular, requiere un cambio sustancial en su financiación. El Es­tado tiene que comprometerse a ello; necesita una dotación presupuestaria adecua­da, aumentando su finan­ciación progresivamente en los próximos años, hasta al menos el 7% del PIB en educación para homologarse a los países de nuestro entorno socioeconómico. Es cierto que en los últimos tiempos están llegando grandes cantidades de fondos, como los NEXT GENERATION de la UE, como también es cierto -según nos cuentan los departamentos de los centros educativos que imparten estas enseñanzas- que al ser fondos finalistas y coyunturales, van destinados a cosas concretas, que muchas veces no son las más importantes. “Vemos pasar el dinero por delante nuestro, pero no se queda en el aula / taller. Vemos en los medios de comunicación las noticias sobre el aumento de presupuesto, pero no hay dinero para el tinte”, afirman afiliadas de ciclos formativos de Peluquería. Por otro parte observamos un trasvase de presupuesto desde Trabajo a Educación sin existir un verdadero incremento del presupuesto estructural, una artimaña para cumplir con la disposición adicional octava de la LOMLOE: “(…) Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley para dotar al conjunto del sistema educativo de los recursos económicos vinculados a los objetivos previstos en la misma, el plan de incremento del gasto público previsto en el artículo 155.2 se formulará en el plazo de dos años a partir del momento de entrada en vigor de la Ley. En todo caso, dicho plan contemplará el incremento del gasto público educativo mencionado hasta un mínimo del 5 por ciento del producto interior bruto”.

Por último, contemplamos la posibilidad de que la FP reglada se convierta en el motor de la recualificación de la clase trabajadora por un lado y del reciclaje del profesorado por otro. Lo hemos reclamado repetidamente y ahora el artículo 165 abre esa posibilidad, ya que da la opción de que el profesorado de FP pueda contemplar en su horario docencia en los grados A,B,C y sus modalidades respectivas en centros públicos con oferta integrada; es decir, la formación ocupacional destinada a personas en paro. Desde STEs queremos cambiar el redactado en condicional, de manera que se regule claramente, incidiendo en la idea de flexibilidad; también solicitamos la posibilidad de reciclaje para docentes cuyos ciclos formativos tienen escasa demanda, pero que su experiencia laboral sirva para la misma familia profesional u otras similares.