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¿Por qué es esta una situación de máxima gravedad?
Porque estos datos están amparados por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y su exposición masiva convierte a miles de familias y trabajadores de la educación en víctimas potenciales de suplantación de identidad, fraudes y estafas bancarias o administrativas, exposición de menores de edad, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales o situaciones familiares vulnerables y usos ilícitos que atentan contra la intimidad y la seguridad de las personas, entre otros.
Lo más grave, sin embargo, no es solo el robo, sino la opacidad con la que la Consejería de Educación ha gestionado esta información.
Estos hechos ocurrieron en 2023. Han pasado años y ni la Consejería ni la Junta de Comunidades han tenido a bien informar a la comunidad educativa. Nos hemos enterado ahora, por la prensa, de la existencia de estas detenciones y del alcance del ataque.
No sabemos si los datos han sido recuperados, si siguen en poder de los ciberdelincuentes, si han sido filtrados, vendidos o utilizados para fines ilegales. Desconocemos las consecuencias reales que este robo pueda tener ya para el profesorado, las familias y el alumnado.
Y resulta especialmente indignante que, al parecer, la actualización del Portal de Educación, que nos presentaron como un avance de modernización y buena praxis administrativa, se haya realizado como consecuencia de este ciberataque. Es decir, no fue una mejora voluntaria, sino un parche obligado tras un gravísimo incidente de seguridad del que se nos mantuvo deliberadamente en la oscuridad.
¡EXIGIMOS!
- Una comparecencia pública inmediata de la Consejería de Educación para informar detalladamente sobre lo ocurrido.
- Transparencia total sobre la naturaleza de los datos sustraídos, los colectivos afectados y las medidas adoptadas para mitigar los riesgos.
- La puesta en marcha de un sistema de seguimiento y protección para todas las personas cuyos datos han sido comprometidos, especialmente para los menores y para el personal docente.
- Responsabilidades políticas y técnicas por la gestión de esta crisis y por el silencio mantenido durante todo este tiempo.
No podemos tolerar que la seguridad de los datos de miles de familias y trabajadores de la educación se convierta en un asunto secundario, ni que la administración actúe con tal grado de desprecio hacia el derecho a la información de la comunidad educativa.
Que nadie pretenda que este asunto se archive sin dar la cara. Exigimos explicaciones y garantías ya.
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